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Decreto Supremo 2002 sobre incremento salarial discrimina a empresas privadas respecto de las empresas públicas

11.Jun.2014

Los presidentes de CADINPAZ y de la CNI, Horacio Villegas y Mario Antonio Yaffar, respectivamente.

Los presidentes de CADINPAZ y de la CNI, Horacio Villegas y Mario Antonio Yaffar, respectivamente.

En el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, el D.S. 2002 de 16 de mayo de 2014, sobre incremento salarial a las empresas públicas, discrimina a las empresas privadas en el tratamiento del incremento salarial respecto de las empresas públicas, señala el presidente de la Cámara Nacional de Industrias, Mario Yaffar.

El D.S. 2002 establece en su artículo 4 que las empresas públicas para ser beneficiarias del incremento salarial deben demostrar tres requisitos: a) sostenibilidad financiera para al menos tres años, b) haber generado utilidad operativa en la gestión anterior y c) el incremento salarial deberá ser financiado con ingresos generados por el giro de negocio de la empresa sin recurrir a ajustes de precios o transferencias del Tesoro General de la Nación.

Mientras el Artículo 7° del D.S. 1988 de 1° de mayo de 2014, establece que el incremento salarial en el sector privado será acordado entre los sectores patronal y laboral, sobre la base del 10%; el Artículo 3° del D.S. 2002 establece que el porcentaje de incremento salarial para los trabajadores de las empresas públicas podrá ser determinado hasta un 10%, de acuerdo a la utilidad neta y disponibilidad financiera de cada empresa.

El sector industrial considera que el D.S. 2002 plantea una notable asimetría y discriminación, puesto que los empleados de empresas públicas tienen un 10% de techo para su incremento salarial para la presente gestión, mientras que ese mismo porcentaje es el piso mínimo para los trabajadores de las empresas privadas.

La CNI pondera el tratamiento racional con el que el Gobierno pretende manejar sus empresas. No obstante, considera discriminatorio el marco legal que establece el D.S. 2002, puesto que, en la práctica, define que existen empleados de primera –los privados- que tendrán un 10% de incremento salarial como mínimo sin considerar si la empresa pueda o no soportar esa carga y empleados de segunda –los públicos- que deberán estar expectantes para saber si sus empresas cumplen o no con los requisitos de sostenibilidad definidos.

También el D.S. 2002 plantea que existen empresarios de segunda –los privados- que sin derecho a reclamo alguno deben cumplir con una decisión gubernamental y un solo empresario de primera –el Estado- que cuida sus intereses pagando incrementos salariales sólo cuando esté en condiciones de hacerlo.

La CNI solicita que el D.S. 2002 debe ser extensivo a todas las empresas y trabajadores del país y, en tal sentido, deben darse incrementos salariales sólo en aquellas empresas que, por ejemplo en un marco similar al del DS 2002, pueden afrontar esa nueva obligación.

En atención a que el tema no es exclusivamente industrial sino empresarial, la Cámara Nacional de Industrias anuncia que planteará a su ente gremial cúpula, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, solicite para el sector privado el mismo tratamiento que ha dado el D.S. 2002 a las empresas públicas, para el pago o no del incremento salarial.

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